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La UE avala que se pueda cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa
La Eurocámara da marcha atrás en su defensa de los derechos de los internautas. El acuerdo final todavía debe ser ratificado por los ministros por el pleno de la Eurocámara en noviembre
Siguiendo los programas presentados en Francia y Reino Unido, después de un largo periplo administrativo y parlamentario, finalmente la Unión Europea se ha mostrado tajante en su lucha para proteger los derechos de autor frente a la libertad de compartición de archivos en Internet.
Así, tras innumerables jornadas de debate y ponencias, finalmente la UE aprueba que las autoridades de cada Estado puedan cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor.
El acuerdo alcanzado esta madrugada por los Gobiernos de los 27 y la Eurocámara para reformar la regulación del sector de las telecomunicaciones, sigue los pasos de los planteamientos llevados a cabo en Francia o Reino Unido. En España, la legislación exige una autorización previa y, pese a que la industria cultural renunció a su petición de que se realizaran cortes de conexión a los internautas, el Gobierno estudia ahora cambiar la normativa.
A este compromiso, sin embargo, se ha llegado después de una larga marcha por la Eurocámara. Los primeros emvites fueron rotundamente frenados y los parlamentarios se mostraron, en su mayoría, a favor de que prefaleciera la defensa de los derechos de los internautas. Sin embargo, antes del verano, en la fase final de las negociaciones, el Parlamento aceptó que no se requiera autorización judicial previa para cortar el acceso a Internet.
Sin embargo, el acuerdo final todavía debe ser ratificado por los ministros de Telecomunicaciones y por el pleno de la Eurocámara durante el mes de noviembre. Si se cumplen los plazos, podría entrar en vigor a principios de 2010. Los países de la UE tendrán entonces 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones nacionales y siempre serán los Estados los que determinarán qué hacer en cada caso.
Respeto a la presunción de inocencia
A cambio, la Eurocámara y los Gobiernos pactaron un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas que no estaba previsto en la versión inicial de la legislación.
En él se afirma que las restricciones al acceso a Internet "sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática". Tales medidas sólo podrán adoptarse "respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad" y como resultado de un "procedimiento previo, justo e imparcial" que garantice "el derecho a ser escuchado" y "el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno".
Separación funcional
La principal novedad de la reforma es que da poderes a los reguladores nacionales para que puedan forzar a los operadores históricos, como Telefónica, a separar funcionalmente el departamento de servicios de la gestión de la red en caso de problemas de competncia. Esta medida sólo se podría aceptar en casos excepcionales, cuando no hayan servido otras recetas.
También se crea un Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaiones Electrónicas, de talla mucho más reducida que la Autoridad que había propuesto originalmente la Comisión Euorpea, que estaría integrado por los 27 directores de los reguladores nacionales. Su papel sería meramente consultivo.
Los Estados miembros y la Eurocámara han rechazado la pretensión de Bruselas de arrogarse nuevos poderes para poder vetar las medidas correctivas dictaminadas por los reguladores nacionales (como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el caso de España) cuando se detectan problemas de competencia en algún mercado. Las autoridades nacionales seguirán teniendo la última palabra en estos casos.
Neutralidad de la red
Finalmente, el nuevo marco incluye nuevos derechos para los consumidores, como la prohibición de contratos superiores a los dos años de duración o la obligación para las operadoras de permitir a los clientes cambiar de compañía conservando el mismo número de teléfono en un plazo máximo de un día. Las operadoras tendrán la responsabilidad de luchar contra los virus y el 'spam' y de notificar a los clientes los fallos de seguridad que detecten.
También se incluyen garantías adicionales para asegurar la neutralidad de la red e impedir que los operadores discriminen entre varios tipos de transmisión de datos en Internet, como voz o servicios 2P2. Las nuevas reglas dan poderes a los reguladores nacionales para que fijen niveles mínimos de calidad para los servicios de transmisión de red para promover esta neutralidad.
Además, los proveedores deberán informar a sus clientes antes de firmar el contrato sobre la naturaleza de los servicios, incluyendo las técnicas de gestión del tráfico y su impacto en la calidad del servicio, así como otras limitaciones (como topes al ancho de banda o la velocidad de conexión disponible). Finalmente, el Ejecutivo comunitario hará uso de sus poderes para vigilar que se respete la neutralidad de la red.
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